Guayaquil.- En entrevista para CRE Noticias, el constitucionalista, Dr. Gonzalo Silva, indicó que «Desde el 2008 se eliminó la exclusividad de los tres poderes del estado y se incluyó la Función Electoral y la de Transparencia, con lo cual se incluyó al Consejo de Participación Ciudadana y al Consejo de la Judicatura, y con ello se liquidó prácticamente a la Función Judicial, han pasado 15 años de ello y tenemos las peores consecuencias para el ciudadano común y corriente».
«Mientras se mantenga esta Constitución y no haya alguna en la que realmente se aprecie los tres poderes del estado, con sus respectivas leyes orgánicas y sus órganos autónomos, esto no cambiará. Es necesario un cambio radical estructural», sentenció Silva.
«Los candidatos a la presidencia de la republica, a excepción de un par, no hablan sobre cómo van a ejecutar un cambio donde se mejore la administración de justicia. Por ejemplo, mantener Un Consejo de la Judicatura, insensato, inservible, indolente, incapaz, plagado de gente que se encuentra investigada y procesada, no acredita la confiabilidad que el pueblo ecuatoriano requiere de sus administradores. Ellos designan cada uno de los jueces, hasta el último conserje de todas las instituciones que integran la Función Judicial. Ellos deben desaparecer, pasar a formar parte de lo que es Talento Humano de la Corte Suprema de Justicia a la que hay que recuperarla», explicó el constitucionalista.
«Así mismo, debe desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es quien designa a todos los integrantes de los órganos de control, y desde el 2008, ha sido un desastre todos los organismos que han conformado», añadió el jurisconsulto.
«Lo idóneo, es que también automáticamente desaparezca la Corte Constitucional, y pase ha constituirse en una sala de la Corte de Justicia, pues esta Corte ha demostrado un desconocimiento tal, que ha sido capaz de prescribir las normas constitucionales, e impedirle al presidente que tiene su facultad omnímoda para actuar por decreto, pues el primer mandatario es el único que debería calificar la urgencia de sus decretos, pero esta Corte Constitucional no escucha a nadie, ni siquiera el propio presidente», lamentó el Dr. Gonzalo Silva.