Quito.- Entre el 15 de julio y 15 de agosto de 2024, un total de 632.490 personas actualizaron su declaración patrimonial jurada, por disposición del Contralor General del Estado, quien solicitó a todos los servidores públicos del país, sin excepción, cumplir con este requerimiento.
El artículo 231 de la Constitución establece que los servidores públicos deben presentar su declaración patrimonial jurada al iniciar y finalizar su gestión, y con la periodicidad que determine la normativa. De igual forma, la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales prevé que la Contraloría podrá solicitar la actualización o presentación de una nueva declaración, independientemente del inicio o fin de gestión de los servidores.
Las máximas autoridades de todas las instituciones y organismos del Estado, en coordinación con las respectivas unidades de talento humano, deben verificar el puntual y estricto cumplimiento de esta disposición y remitir un reporte a la CGE hasta el 30 de agosto de 2024, con el detalle de aquellos servidores que no hayan entregado la constancia de su declaración, a fin de verificar el incumplimiento y solicitar la aplicación del régimen disciplinario correspondiente.
La nueva Contraloría garantiza la transparencia y el acceso a la información pública con un tratamiento responsable, adecuado y seguro de los datos que constan en las declaraciones patrimoniales juradas, una obligación que tienen los servidores públicos del país para un ejercicio de sus funciones transparente e íntegro.