Quito.- Desde las 9 de la noche de ayer lunes, hasta el amanecer de hoy, la Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar, comandó la audiencia en el caso Purga, donde luego de argumentar la culpabilidad de los 12 detenidos y pidió prisión preventiva para 11 de ellos, solicitando solo arresto domiciliario para el juez Reinaldo C., por ser de la tercera edad.
El juez de la Corte Nacional, Javier de la Cadena, estuvo a cargo de la audiencia y legitimó la detención de los procesados.
La Fiscal General, acusa a los detenidos de formar parte una estructura criminal que manejaba el sistema de justicia en Guayas, organización que contaba con 3 cabecillas: el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte del Guayas, Fabiola G. y el juez de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas Johann M. quien sería cercano a Pablo Muentes y lo habría ayudado en el fallo en el cual el Banco del Pacífico tuvo que registrar documentos falsos de pago para justificar la cancelación de una deuda del ex legislador, caso que también involucra a su esposa Mónica A.
Los jueces involucrados en casos de corrupción en la Corte de Justicia del Guayas, son varios: Johann M., Gloria G., Nelson P., Ramos L., Henry T. y Guillermo V..
Guillermo V, era parte del Tribunal que favoreció al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, en una demanda de acción de protección con una medida cautelar presentada contra la empresa pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito.
Según la información fiscal, en este caso estaba en juego un contrato de alrededor de USD 30 millones por la repavimentación entre estas dos entidades.
Pero la acusación de la Fiscalía es grave. Según sus indagaciones, la exjueza Fabiola G. y el juez Guillermo V., junto al juez Henry T., revocaron una sentencia de primera instancia y aceptaron la acción de protección del Cuerpo de Ingenieros. Esto a cambio de la remodelación del piso del Salón Presidencial de la Corte Provincial del Guayas.
Por este caso también fue procesada la procuradora del Cuerpo de Ingenieros, Ruth Catalina S.
La Fiscalía la señala por un pago de USD 1.400 que habría realizado para cancelar la remodelación del piso del Salón Presidencial de la Corte del Guayas.
En el caso de los jueces Nelson P. y Ramos L., la Fiscalía dice que conformaron el Tribunal que conoció el juicio de falsedad de instrumentos privados, que el Banco del Pacífico interpuso respecto a las notas de crédito irregulares, que presentó el exasambleísta Pablo M. con respecto al crédito que adeudaba junto a su esposa.