Quito.- En entrevista con EFE la Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar, ratifica que «buena parte del Estado ha sido infiltrado» por el crimen organizado y el narcotráfico, un claro ejemplo de ello es el caso Metástasis, que hace unos meses reveló una serie de indicios sobre corrupción judicial, policial, política, periodística, empresarial y carcelaria en contubernio con estructuras criminales, datos que quedaron develados a través de los chats del celular del narcotraficante Leandro Norero.
Evidenciar la corrupción al más alto nivel, implicando miembros del Consejo de la Judicatura, Policía Nacional, Asamblea, Corte Nacional de Justicia, han colocado a la Dra. Salazar en «El ojo del Huracán» con un altísimo riesgo para su vida, lo cual fue denunciado por la propia fiscal cuando hizo público el nombre de Fabricio Colón Pico, a quien responsabilizó de organizar un atentado para matarla; este delincuente de nutrido historial fue detenido, pero huyó de la cárcel y ahora es nuevamente prófugo de la justicia.
Los amedrentamientos «son un riesgo que corremos todos los ciudadanos que no queremos un país controlado por el ‘narco’ o por criminales y que hacemos algo para cambiar la realidad actual» y añade que «Como fiscal general, el riesgo personal es mucho mayor, porque –de alguna manera– es plantarle cara a todos los delincuentes«.
La vida de la Dra. Salazar, cambió totalmente con esta lucha antidelincuencial, debido a que los riesgos se multiplicaron geométricamente, «Es como vivir en un arresto domiciliario. Lo he repetido en varias ocasiones, no porque deba algo a alguien, sino porque la delincuencia buscará venganza. Pero tengo fe en que todo saldrá bien» y confirma su esperanza, manifestando que «No todo está perdido, pero es momento de actuar y es lo que como institución estamos haciendo, estamos haciendo nuestro trabajo para salir de este momento tan difícil, las personas que no hemos sido tomadas por el narcotráfico somos la mayoría en las instituciones del Estado; si actuamos de manera articulada, sacaremos al país de esto», enfatiza.
Lamentablemente, el sistema no tiene todos los recursos económicos necesarios y la Fiscal reconoce sus deficiencias, por ello, pese a que los servidores públicos que solicitan protección cuentan con ella, el tema es limitado al respecto, al igual que el sistema de protección de víctimas y testigos que «se encuentra declarado en emergencia desde hace casi dos años, por la falta de recursos».
Finalmente, se refirió a las denuncias de algunas ONGs que defienden los derechos humanos, quienes han señalado a las Fuerzas Armadas como las ejecutoras de algunos abusos, respecto a lo cual la autoridad dijo que «nadie esta por encima de la ley y todos los hechos de los que tienen conocimiento a petición de parte y de oficio, son investigados».