Quito.- El organismo de control emitió un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) en contra del exsecretario General de la Administración Pública y Gabinete, quien actuó entre el 10 de febrero al 31 de agosto de 2023, por afirmar en las declaraciones patrimoniales juradas no estar incurso en prohibiciones o inhabilidades previstas en la Constitución de la República, para ejercer cargo público con rango de Ministro de Estado.
De acuerdo con el informe de auditoría, aprobado el 2 de febrero de 2024, el exsecretario fue designado y posesionado, a pesar de ser accionista de las compañías Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A. y Teleamazonas Guayaquil S.A., las cuales mantienen contratos de concesión de frecuencias prorrogadas con el Estado.
Además, la entidad confirmó una multa de 20 salarios básicos unificados y la prohibición de ejercer cargo público por dos años, esto frente a las irregularidades arrojadas en el examen especial que inició el 2 de octubre de 2023.
De forma complementaria, la Contraloría iniciará una nueva acción de control para analizar las declaraciones patrimoniales juradas del exsecretario.